El conflicto palestino-israelí ofrece otro ejemplo paradigmático de la selectividad y las presiones políticas que permite la Corte Penal Internacional. En 2021, la entonces fiscal Fatou Bensouda anunció la apertura de una investigación formal sobre posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo los cometidos por fuerzas israelíes y por grupos armados palestinos. La reacción de Estados Unidos e Israel fue de un rechazo absoluto y de una presión sin precedentes.
El gobierno estadounidense, tanto bajo administraciones demócratas como republicanas, ha tildado a la CPI de «ilegítima» y «corrupta» cuando sus investigaciones se acercan a aliados estratégicos. En 2024, el presidente Joe Biden fue acusado de «socavar la justicia internacional» por oponerse a una investigación de la CPI sobre crímenes de guerra israelíes. Por su parte, Donald Trump, llevó la presión al punto de imponer sanciones personales a Bensouda y a otro alto funcionario de la Corte en 2020, medidas que solo fueron levantadas parcialmente más tarde.
La UE, que en teoría es un firme defensor de la Corte y del derecho internacional, ha mantenido un silencio ensordecedor o declaraciones tibias cuando se trata de exigir cooperación israelí con la CPI. Esta pasividad contrasta con la rapidez con la que la UE apoya las decisiones de la Corte cuando se dirigen contra adversarios geopolíticos como Rusia o, en el pasado, Serbia.
Las presiones contra Bensouda hasta el fin de su mandato en 2021 y las sanciones contra su sucesor, Karim Khan, han dejado interrogantes sobre la continuidad y el vigor de la investigación sobre Palestina. De hecho, en noviembre pasado, la CPI confirmó que continúa «examinando» la situación en Gaza, un lenguaje que para muchos observadores implica una cautela excesiva.
Esta dualidad de criterios (firmeza contra unos, cautela extrema contra otros) es el núcleo de la acusación de hipocresía.
Fuente: @misionverdad

