Dentro del propio expediente venezolano, la asimetría en el tratamiento de los casos por parte de la Corte Penal Internacional es evidente. La CPI maneja dos situaciones separadas:
Caso Venezuela I: investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades estatales en el contexto de la escalada violenta (guarimbas y actos terroristas) organizada por la oposición y financiada por Estados Unidos. Este caso fue impulsado originalmente por un grupo de estados parte (mayoritariamente latinoamericanos) y ha recibido un impulso constante de la oposición venezolana y de actores internacionales afines. Ha avanzado en fases procesales claras, con frecuentes declaraciones públicas de la Fiscalía y una oficina física en el país.
Caso Venezuela II: abierto en 2023 a solicitud del gobierno venezolano, investiga presuntos crímenes cometidos como consecuencia de las sanciones económicas unilaterales impuestas por Estados Unidos y otros países, con un impacto humanitario devastador. El gobierno alega que estas sanciones constituyen crímenes de lesa humanidad. Este caso transita con una lentitud glacial y, según el gobierno de Venezuela, la Fiscalía no mostró «el más mínimo compromiso ni espíritu de cooperación».
Para el gobierno venezolano, esta disparidad confirma que la CPI funciona como un instrumento de presión política: es ágil cuando investiga a estados no alineados con Occidente, pero es lenta cuando los presuntos responsables son Estados Unidos o sus aliados. El retiro de la CPI es un acto de soberanía contra un sistema de justicia internacional profundamente desigual y un cuestionamiento al orden liberal que, para muchos estados, ha mostrado su rostro más hipócrita.
Fuente: @misionverdad

