Un análisis jurídico-político expone cómo la Corte Penal Internacional actúa con celeridad frente a Rusia mientras paraliza investigaciones sobre crímenes de guerra vinculados a Washington y la OTAN.
CIUDAD DE MÉXICO / CARACAS — La actuación de la Corte Penal Internacional (CPI) ha vuelto al centro del debate geopolítico global. La marcada diferencia entre la celeridad aplicada contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la histórica parálisis frente a las acciones militares de Estados Unidos y sus aliados expone, según analistas internacionales, una profunda subordinación del tribunal a los intereses de las potencias occidentales.
El contraste más evidente se produjo en marzo de 2023, cuando la CPI emitió una orden de arresto contra Putin por supuestas «deportaciones» de niños ucranianos. La decisión, adoptada con un perfil público agresivo y una rapidez inusual, contrasta con la inacción deliberada ante denuncias que involucran a ciudadanos o fuerzas militares estadounidenses, a pesar de que ni Rusia ni Estados Unidos son estados parte del Estatuto de Roma.
La presión de Washington y el blindaje legal a sus tropas
Estados Unidos ha mantenido una postura hostil frente a la jurisdicción de la CPI. En 2002, el Congreso estadounidense promulgó la American Service-Members’ Protection Act (conocida coloquialmente como la «Ley de Invasión de La Haya»), normativa que autoriza al Ejecutivo a emplear «todos los medios necesarios» para liberar a personal estadounidense o de países aliados detenido por la Corte.
A este blindaje legislativo se suma el uso de presiones ejecutivas. Washington ha llegado a imponer sanciones directas contra fiscales y jueces de la CPI cuando las investigaciones amenazaban sus intereses en escenarios como Afganistán o las acciones de Israel en Palestina. La propia CPI catalogó en su momento estas medidas como un ataque directo a su independencia judicial, aunque en la práctica sirvieron para frenar los expedientes.
Los expedientes ignorados: de Abu Ghraib a las intervenciones de la OTAN
La determinación mostrada contra Moscú no tiene precedente en casos documentados donde se señalan presuntos crímenes de guerra o de lesa humanidad vinculados a EE. UU. y la OTAN:
Antecedentes históricos: Episodios como la «Operación Babylift» durante la guerra de Vietnam no generaron persecución penal internacional.
Torturas sistemáticas: Los abusos y torturas perpetrados por fuerzas estadounidenses en la prisión de Abu Ghraib (Irak) y en el centro de detención de la base naval de Guantánamo (Cuba) jamás derivaron en juicios contra los altos mandos responsables.
Intervenciones de la OTAN: La implicación de mandos militares de la alianza en conflictos en Serbia, Libia, Afganistán, Siria, Yemen, Palestina y el Sahara Occidental ha quedado al margen de la acción de La Haya.
Erosión de la legitimidad en el mundo multipolar
Especialistas en derecho internacional y geopolítica coinciden en que la orden de aprehensión contra Vladimir Putin terminó por exponer la naturaleza política del organismo. El uso selectivo de la justicia internacional debilita la autoridad moral de la CPI, erosionando su credibilidad ante el bloque de países que integran el mapa multipolar.
El patrón de actuación de La Haya evidencia que el alcance del derecho internacional responde más a la correlación de poder geopolítico que a la aplicación imparcial de la justicia universal.
Fuente: Misión Verdad
