A casi siete meses de la instalación de su periodo constitucional 2026-2031, la Asamblea Nacional (AN) ha sancionado nueve leyes, todas dirigidas a la protección social, al desarrollo de la economía y a la convivencia en paz.
El 12 de febrero, con las autoridades y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc) presentes en la sesión, el Parlamento sancionó la Ley de Reforma de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación.
Este texto jurídico, que cuenta con 84 artículos, norma las competencias, la organización y el funcionamiento de los cuerpos de seguridad especializados en el área de la criminalística y el esclarecimiento científico del delito.
El beneficio de esta reforma radica en la optimización de los protocolos de actuación policial y en el fortalecimiento de la cadena de custodia de las evidencias físicas, entre otros aspectos.
El 10 de marzo fue sancionada la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Con sus 35 artículos, busca adaptar y proponer nuevos esquemas de negocio que faciliten la atracción de inversiones internacionales en materia de exploración y explotación de crudo.
Reencuentro
Entre tanto, el 24 de marzo la AN sancionó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Se trata de 18 artículos que establecen las condiciones jurídicas específicas para el otorgamiento de medidas de sobreseimiento y libertad a personas incursas en determinados hechos de naturaleza política.
Esta ley propicia el reencuentro de los distintos sectores de la sociedad y define un marco de estabilidad institucional que resguarde la paz pública. Sus beneficios apuntan a la regularización de las libertades ciudadanas bajo parámetros de corresponsabilidad.
Por otra parte, la AN sancionó la Ley de la Cruz Roja Venezolana el 14 de abril. Contiene 22 artículos, y una de sus bondades es la protección del voluntariado. Reconoce la labor de los voluntarios y rescatistas, y les otorga beneficios como permisos laborales protegidos (con goce de sueldo), validación de servicio comunitario y prioridad en planes de vivienda.
Suprimir trabas burocráticas
Y para combatir parte de las trabas burocráticas, el 28 de abril fue sancionada la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. Esta regula la simplificación de los procesos internos en los ministerios, alcaldías, gobernaciones y demás entes de la Administración Pública.
Más tarde, el 12 de mayo, el Parlamento decretó la sanción de la Ley Orgánica de Minas. Con sus 115 artículos busca el ordenamiento técnico, la fiscalización y la explotación sustentable de los yacimientos minerales metálicos y no metálicos en el suelo y subsuelo del país.
La ley organiza un sistema de concesiones y alianzas mixtas bajo el control del órgano rector nacional y el resguardo de la soberanía económica sobre los recursos estratégicos.
El 26 de mayo, la AN sancionó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo contenido está estructurado en 56 artículos en los que se contempla la reestructuración de las salas del máximo juzgado del país, para adecuar los lapsos de respuesta judicial.
La reforma se fundamenta en la agilización de la toma de decisiones en las instancias superiores y en fortalecer los mecanismos de inspección sobre los tribunales de instancia en las regiones. El texto legal forma parte del diseño estratégico para el combate del retardo procesal y la optimización de la carrera judicial en todo el territorio de la República.
Café y cacao
La Ley para el Fomento y la Promoción del Café fue sancionada por la Plenaria el 4 de junio. Posee 52 artículos y su misión es el blindaje legal de la actividad cafetalera, el resguardo de la denominación de origen y el impulso de la producción pecuaria y agrícola de este rubro tradicional.
Los beneficios del texto se traducen en el establecimiento de incentivos crediticios adaptados a los ciclos de cosecha y la protección de las variedades de café nacional frente a especies extranjeras, entre otras bondades.
Una semana después, fue sancionada la Ley para el Fomento y Promoción del Cacao Venezolano. El instrumento consta de 60 artículos orientados a la protección de los productores, la fiscalización fitosanitaria y el resguardo genético del rubro.
La finalidad de esta ley es evitar el contrabando de extracción y la mezcla de semillas locales con especímenes foráneos que afecten la calidad originaria del producto.
Los beneficios institucionales abarcan la creación de escuelas de gerencia agrícola y el diseño de políticas de financiamiento a largo plazo, acordes con los cinco años que requiere el árbol de cacao para iniciar su ciclo productivo regular.
Es de destacar que estas nueve leyes fueron previamente aprobadas en segunda discusión, por unanimidad parlamentaria, y luego de ser sometidas a un proceso de consulta pública nacional donde participaron los sectores involucrados.
Periodista: Charles Delgado / Fotografía: Prensa An
