El instrumento legal impulsado por la Asamblea Nacional establece procedimientos ágiles y un marco de equilibrio contractual entre las partes para dinamizar el mercado habitacional en el país.
CARACAS, VENEZUELA. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela presentó los pilares fundamentales de la nueva Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda. Esta iniciativa legislativa tiene como propósito central reestructurar las relaciones arrendatarias a través de reglas claras, protección jurídica y agilidad procesal tanto para propietarios como para inquilinos.
Ejes centrales de la ley
El nuevo marco legal establece tres prioridades de actuación para normalizar y equilibrar el sector habitacional:
Estimulación del mercado: Reconoce el alquiler comercial y residencial formal como una herramienta clave para paliar la emergencia habitacional y movilizar inmuebles desocupados.
Seguridad jurídica y agilidad: Implementa procedimientos transparentes, accesibles y rápidos para la formalización de contratos y la resolución de controversias.
Equilibrio contractual: Fomenta la autonomía de la voluntad, donde prevalece el acuerdo mutuo entre las partes y la firma de contratos de fiel cumplimiento.
Diagnóstico del sector inmobiliario
Esta reformulación legal responde a una realidad compleja en el país. Tras el doble sismo registrado el pasado 24 de junio, se contabilizan más de 17.000 viviendas totalmente afectadas, de las cuales 9.866 se encuentran en condición de alto riesgo y 6.433 presentan restricciones de habitabilidad.
Paralelamente, el mercado inmobiliario registra cerca de 200.000 viviendas habitables desocupadas, producto de la desmotivación de los propietarios frente a la especulación y las trabas para alquilar. La ley busca destrabar este inventario mediante garantías legales directas.
Beneficios para propietarios e inquilinos
La legislación contempla garantías clave diseñadas para recuperar la confianza en el arrendamiento:
Carácter no retroactivo: Protege las situaciones jurídicas previas, aplicando exclusivamente hacia el futuro desde su promulgación.
Inclusión social: Facilita el acceso al mercado a personas naturales y familias sin discriminación.
Protección anti-especulación: Elimina cobros arbitrarios y requisitos excesivos tradicionalmente exigidos para alquilar.
Anuncios complementarios en materia habitacional
Junto al desarrollo legislativo, la presidenta Delcy Rodríguez informó sobre acciones directas para el sector:
1. Atención a afectados: Entrega de 287 viviendas a familias víctimas del evento sísmico.
2. Meta de construcción: Compromiso de construir y entregar 4.000 viviendas para finales del año 2026.
3. Financiamiento: Apertura de líneas de crédito y subsidios en la banca pública y privada —con respaldo de un fondo especial— para la compra y reconstrucción de inmuebles.
4. Consulta pública: Inicio del debate nacional para la reforma de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria.
