La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que instruyó formalmente al equipo económico del Gobierno nacional para que, a partir del año 2027, cualquier incremento en la remuneración de la fuerza laboral se ubique cuantitativamente por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). En este sentido, la medida busca garantizar que la clase trabajadora perciba directamente los beneficios derivados de la recuperación y expansión de la actividad económica en el país.
Orientaciones económicas para la protección del ingreso laboral
Durante su alocución pública, la mandataria interina enfatizó la necesidad de vincular el ingreso de los trabajadores con los indicadores macroeconómicos de rendimiento nacional. Por esta razón, el Gabinete Económico deberá diseñar mecanismos técnicos que permitan reajustar los sueldos y salarios de forma proporcional y superior al desempeño anual de la producción nacional, garantizando así un reparto más equitativo de la riqueza generada.
Asimismo, la jefa de Estado subrayó que el fortalecimiento sostenido del poder adquisitivo constituye un pilar fundamental para reactivar el consumo interno y consolidar la estabilidad del mercado nacional. De este modo, la administración central persigue revertir progresivamente el rezago salarial acumulado mediante un esquema distributivo directamente asociado a la producción real de bienes y servicios dentro del territorio venezolano.
Defensa de la moneda nacional y rechazo a la dolarización formal
Por otra parte, la mandataria fijó una clara postura respecto a los debates vinculados con el esquema monetario de la nación. En consecuencia, Rodríguez descartó de forma categórica la adopción de la divisa estadounidense como moneda de curso legal, argumentando que la verdadera estabilización financiera y el crecimiento sostenible dependen exclusivamente del fortalecimiento del Bolívar.
Finalmente, la presidenta encargada ratificó que la recuperación del poder de compra no vendrá dada por fórmulas monetarias externas, sino por el impulso coordinado a la moneda local y a la capacidad productiva del país. Por consiguiente, el Ejecutivo priorizará la política fiscal y cambiaria centrada en la soberanía monetaria para sostener de manera sólida la capacidad adquisitiva de las familias venezolanas en los próximos años.
